Nuestra carretera a concesión, ¿y los programas de socialización?
Bueno, en los diversos medios de comunicación hemos escuchado y leído la noticia relacionada con la entrega en concesión de la carretera Troncal Central del Norte, por parte del gobierno nacional a la empresa privada, con el fin de mantenerla en buen estado de transitabilidad y en contraprestación obtener los recursos provenientes de los peajes, que sin lugar a dudas serán ubicados a lo largo de este corredor vial.
Sabemos que esta figura de las concesiones viales trae beneficios y afectaciones, particularmente a los usuarios de la carretera, pero a nuestro modo de ver, creemos que son más los beneficios que las afectaciones, teniendo en cuenta que es garantía de un permanente y buen mantenimiento a la vía, cosa que no sucedería en manos del Estado, que normalmente hace inversiones para arreglarlas y posteriormente las abandona.
Otros beneficios que trae una vía concesionada, son los servicios de grúa, ambulancia, mecánico y otros que debe prestar el concesionario a los transportadores, por el solo hecho de pagar los peajes, que vale decirlo, son un poco más costosos que los de las carreteras que siguen bajo la tutela del gobierno.
Nos llama sí la atención, la incoherencia del Instituto Nacional de Vías, con relación al tratamiento que se le viene dando a los otros tramos diferentes al de Santander, que por todos es conocido, está siendo pavimentado con especificaciones muy especiales, tal como nos lo prometió el entonces Ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego Henao, en sus diversas comunicaciones con Monseñor Darío Monsalve Mejía, para entonces Obispo de la Diócesis de Málaga – Soatá y Presidente de la Comisión Diocesana de Integración y Desarrollo, gestora del proyecto.
Digo que me llama la atención la diferencia, porque para el caso de Boyacá, cuyo contrato fue adjudicado a la firma CONALVÍAS, los trabajos que viene adelantando se observan muy superficiales, muy lentos y de acuerdo con lo dicho por el Director Territorial del INVIAS, por ahora sin rectificación de curvas ni reemplazo de puentes y alcantarillas, que seguramente no soportarán el creciente tráfico de carga que se tomará a esta carretera.
Tampoco ha sido acogida nuestra propuesta para integrar un tramo de unos seis kilómetros de la vía Capitanejo – El Espino, ubicando el nuevo puente en un lugar amplio y seguro, para conectarse de nuevo con la Troncal en sitio estable, con lo que se evitaría la construcción de un gigantesco muro de contención en el río Chicamocha y de un magno puente sobre la quebrada La Chivatera, por la vía actual; el INVIAS está a tiempo para hacer los estudios, en procura de la viabilidad de esta propuesta con lo que se ahorraría más de 50 mil millones de pesos.
Con relación a la ubicación de los peajes también nos atrevemos a lanzar nuestra propuesta. Estimamos que en el tramo que se concesionará, que es Duitama – Málaga – Pamplona, se ubicarán al menos 2 peajes, por lo que sugerimos muy respetuosamente, que se ubiquen externamente a las poblaciones de García Rovira y del Norte de Boyacá; es decir, que no estén entre los cortos trayectos que unen a nuestros pueblos. Así las cosas, un peaje podría estar en la salida de Belén hacia Susacón y el otro entre Chitagá y Pamplona, evitando onerosos costos al tráfico interno de estas 3 provincias donde solo se mueven vehículos pequeños que no afectan mayormente los puentes ni la carpeta asfáltica.
Pedimos desde ya al Instituto Nacional de Vías, a través de su Director, Leonidas Narváez y a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, en cabeza de su Presidente Luis Fernando Andrade, que se inicie cuanto antes un programa de socialización, de educación y de cultura vial, teniendo en cuenta que no estamos acostumbrados a tanto tráfico y mucho menos a las velocidades que vamos a tener por nuestra región y que pueden generar lamentables accidentes con saldos trágicos.
Eso sí, tengamos en cuenta que todo proceso de modernidad trae sus riesgos y desventajas, pero no hay alternativa, debemos asumirlo.
